La crisis
económica financiera en la que estamos inmersos ha devenido en crisis social si
entendemos por esta aquella situación que se caracteriza por el empobrecimiento
y la desprotección de la mayoría de la población y que tiene como consecuencia
la fractura de la cohesión social y la exclusión.
En efecto,
las políticas promovidas desde las instituciones europeas y seguidas, unas
veces de forma resignada y otras con verdadera devoción, por los últimos
gobiernos nos están llevando al desastre social. El determinismo con el que se
ha planteado la política de austeridad, sin dar una oportunidad a las políticas
de crecimiento, nos está hundiendo más en la crisis hasta el punto de que
Alemania está viendo cómo su actividad económica se ralentiza y países como Francia
e Italia, además de España, entran nuevamente en recesión. Grecia, Irlanda y
Portugal no están hoy mejor que hace dos años, a pesar del inmenso sufrimiento
al que se ha sometido a sus ciudadanos.
El deterioro
al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de
protección; el empobrecimiento de la mayoría de la población; la nula equidad
de las medidas que se vienen adoptando; el ver cómo los ricos y poderosos salen
de rositas así como la forma en que las medidas se deciden están alimentando un
profundo sentimiento de injusticia e indignación entre la ciudadanía que se
traduce en animadversión hacia quienes desde la atalaya del poder deciden
aplicarlas. Sentimientos que se extienden al conjunto de las instituciones con
un serio riesgo de desafección democrática creciente, como de alguna manera ha
quedado reflejado en la última encuesta del CIS.
Las medidas
aplicadas para enfrentar la crisis económica están generando una crisis social
y la forma en que se están haciendo las cosas desde las instancias de poder
está llevando a una crisis política de la que ahora solo conocemos su
proyección estadística pero que puede tener expresiones más dramáticas e
indeseables, como la Historia se ha encargado de enseñarnos.
Parte de la
desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se
justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes
políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan
al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en cómo las instituciones y
formaciones políticas se relacionan con los ciudadanos.
La
prepotencia, la falta de diálogo o la manera de transmitir la información son
cuestiones que no pasan desapercibidas a la ciudadanía, que tiene la madurez
suficiente para reaccionar cuando considera que desde el poder se la desprecia
o pretende tratar como estúpida, que es lo que ha sucedido recientemente con la
manera en que el Gobierno presentó el “rescate” bancario. O cómo cuando se
entera por la prensa internacional de la preparación de un nuevo “rescate” que,
como el anterior, tampoco estará condicionado pero que terminará pagando y
padeciendo el conjunto de la población.
El 20 de
noviembre nadie pudo pronunciarse sobre las medidas que se han tomado después.
El PP ganó
legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no constaba
ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco aparecieron
en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha preguntado por
qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han negado
sistemáticamente.
El Gobierno
no puede escudarse en el argumento de que los ciudadanos les votaron para
superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección.
Porque los ciudadanos queremos que se supere la crisis, sí, pero también
queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué nos supondrá en nuestras
condiciones y expectativas de vida y si los esfuerzos a realizar se practicarán
de forma equilibrada.
El 20 de noviembre
nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la
individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación
y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario
y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en
dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo....
Así las
cosas, se entenderá que amplios sectores de la sociedad consideremos que
estamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato” electoral establecido
entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente
si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a
consideración de la misma.
No estamos
planteando nada estrafalario, pese a algunas opiniones, simplemente estamos
recurriendo a la Constitución española que en su artículo 92.1 establece
literalmente: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser
sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Tenemos
precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar
con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de
España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de
especial trascendencia que además no había figurado en su programa electoral.
Volvemos a
estar ante “decisiones políticas de especial trascendencia” pues pueden cambiar
drásticamente el cuadro de derechos en España. Si a esto le añadimos que estas
medidas las sufrimos todos pero nadie ha podido opinar sobre ellas, se
entenderá que pidamos que el Gobierno convoque un referéndum para que la
ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a
seguir para superar la crisis.
Artículo de
Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO). Para El País digital 13 de Agosto de 2012.
