El Gobierno ha vuelto a lanzar un ataque frontal al sector público y a sus empleados con una reforma laboral impuesta por decreto ley. Esta reforma, además de ser altamente perjudicial para el conjunto de los trabajadores de este país, consagra legalmente los EREs en el sector público.
La Federación de Servicios Públicos de UGT rechaza esta medida por las siguientes razones:
- El Gobierno debería haber convocado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas prevista en el artículo 36 del EBEP, pues supone un cambio radical en la situación profesional del personal laboral del conjunto del sector público. Está claro que el actual Gobierno va a sustituir el Diálogo Social por unas políticas de hechos consumados.
- La proliferación de despidos colectivos durante las próximas fechas aumentará. La agresividad del Gobierno contra de los empleados públicos se manifiesta en que los despidos que se lleven a cabo deberán ser, prácticamente en todo caso, extintivos, no siendo posibles los suspensivos o de reducción de jornada.
- La destrucción de empleo público, la amortización de plazas y el despido de interinos y temporales se va a ver incrementada con esta medida, lo que incidirá muy directamente en la calidad y cantidad de los servicios a prestar.
La FSP-UGT considera tras un estudio del texto que la reforma roza la inconstitucionalidad, ya que colisiona frontalmente con los principios constitucionales: es contrario a las estipulaciones legales recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, de aplicación no sólo a los funcionarios públicos, sino también al personal laboral.
Por ello, la FSP-UGT llevará a cabo todas aquellas actuaciones dirigidas a combatir una reforma laboral injusta y desequilibrada que socava peligrosa e irresponsablemente el pilar esencial de unos Servicios Públicos profesionales, objetivos, imparciales y de calidad.
